Los datos personales, tuyos, míos o suyos, son una mercancía como cualquier otra. Hay empresas que se hacen con ellos y los comercializan, los convierten en objeto de compraventa en transacciones con otras empresas.
Los internautas vamos dejando por la red, conscientemente o no, un rastro con nuestras huellas, nuestros pelos o nuestra saliva. Aquí relevamos nuestra edad, allá nuestro nombre completo, en este sitio nuestra dirección postal, en aquel otro nuestra afición por los libros de cocina, etc., etc.
Todos estos datos, los tuyos, los míos y los suyos, se juntan, se almacenan, se empaquetan y se venden a compradores como las empresas dedicadas a la minería de datos, es decir, a los grandes análisis del big data.
Hace unos días la organización sin ánimo de lucro Amnistía Internacional (AI) publicó un informe que recogía las principales conclusiones de un estudio realizado a propósito de este comercio con datos sensibles. En el estudio figura la oferta lanzada por la compañía Exact Data, que vendía los datos personales de 1,8 millones de musulmanes por un precio cercano a los 127.000 euros. Esto significa que los datos de cada individuo salían por unos 7 céntimos de euro.
De acuerdo con Miguel Ángel Calderón, director de Comunicación de Amnistía Internacional en España, «el hecho de que se pueda comerciar con estas listas y puedan acabar en manos indebidas, hace posible que se utilicen para iniciativas que podrían vulnerar los derechos humanos, como la creación de sofisticados perfiles que pueden atentan contra la privacidad».
Hay que decir que la Unión Europea ya está en vías de regular todo este tráfico de información relativa a los datos personales. Está previsto, de hecho, que en 2018 entre en vigor una nueva normativa sobre la cuestión más estricta que la ahora vigente. Con ello se pretende incrementar el control que los ciudadanos pueden ejercer sobre los datos puestos en manos de terceros.
