España ha lanzado el PERTE Chip, un ambicioso Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica en microelectrónica y semiconductores, con una inversión pública estimada inicialmente en más de 11 000 millones de euros, respaldada en gran parte por fondos europeos y repartida hasta 2027.
El anuncio del presidente del Gobierno dejó claro que los semiconductores son el componente esencial de todos los sectores tecnológicos, con una naturaleza geoestratégica determinante en plena transición digital. El plan se sitúa como el PERTE más ambicioso hasta la fecha, con objetivos que incluyen reforzar capacidades científicas, impulsar el diseño sin fábricas propias, fomentar la fabricación nacional y dinamizar la industria electrónica y tecnológica española.
La propuesta inicial de 11 000 millones ha sido actualizada a 12 250 millones de euros, tras una revisión oficial que incorpora 1 250 millones adicionales para fortalecer los ejes del proyecto hasta 2027. Destaca la creación de un fondo específico para capital riesgo, con una dotación inicial de 200 millones, que apoya a pymes y empresas emergentes en fases avanzadas de desarrollo.
El PERTE Chip se estructura en cuatro líneas estratégicas. La primera potencia la I+D+i en microelectrónica, con el objetivo de que centros nacionales lideren en Europa. La segunda se centra en diseño y arquitectura de chips bajo el modelo sin fábrica, apostando por un ecosistema de diseño local. La tercera busca construir fábricas de semiconductores de última generación, hoy inexistentes en territorio español. Y la cuarta impulsa la demanda nacional a través de la digitalización de sectores clave como automoción, telecomunicaciones, defensa o energía.
Este enfoque integral busca atraer inversión privada, vinculando universidades, centros de investigación y empresas tecnológicas. En términos de ejecución, ya se han activado convocatorias dentro de este marco. Una de las más destacadas fue la iniciativa Chip Missions, que financia el desarrollo científico y tecnológico de nuevos diseños de chips, colaboraciones industriales y transferencia de conocimiento.
Durante la segunda edición de estas convocatorias se adjudicaron más de 53 millones de euros a 37 proyectos seleccionados por su impacto y escalabilidad. Entre ellos, se encuentra una planta de semiconductores fotónicos en Vigo que estará operativa en 2026, y una iniciativa en Málaga centrada en el desarrollo de arquitectura abierta para microprocesadores.
La relevancia del PERTE Chip reside en su objetivo de romper la dependencia europea respecto a los principales fabricantes asiáticos, que hoy concentran más del 90 % de la producción mundial de chips avanzados. Aunque alcanzar los nodos tecnológicos más complejos es una tarea de largo plazo, España aspira a posicionarse en segmentos clave como semiconductores fotónicos, automoción y electrónica industrial, donde la autonomía es crítica y la competencia aún está abierta.
Además del enfoque industrial, España parte de una base consolidada en investigación: fotónica integrada, computación cuántica y arquitecturas abiertas como RISC‑V forman parte del tejido científico nacional y son pilares de este proyecto. Esta base técnica ofrece una oportunidad realista para escalar hacia capacidades productivas sin partir de cero.
Se prevé que esta estrategia tenga efectos estructurales en el medio y largo plazo. Desde un incremento de la inversión privada a la creación de polos regionales de innovación, el PERTE Chip representa una oportunidad para consolidar empleo de alta cualificación, generar propiedad intelectual nacional y reforzar la autonomía digital europea. Todo esto en consonancia con los objetivos de soberanía tecnológica de la UE, que aspira a duplicar su cuota global de producción de semiconductores hasta el 20 % en 2030.
El marco legal también evoluciona. España ha creado una sociedad estatal específica para gestionar las inversiones del PERTE y articular la transformación tecnológica en el sector público, lo que dota al programa de continuidad y capacidad operativa más allá del actual ciclo político.
Este plan convierte a España en uno de los países que más recursos públicos está destinando al fortalecimiento de su ecosistema de chips, en un momento donde la industria es clave para la competitividad tecnológica global.
