Un tribunal español ha dictado una sentencia histórica contra Meta, la empresa matriz de Facebook e Instagram, al condenarla a pagar más de 500 millones de euros a decenas de medios digitales españoles por prácticas consideradas como competencia desleal y vulneración del Reglamento Europeo de Protección de Datos (RGPD). La resolución supone uno de los golpes judiciales más severos contra la tecnológica en territorio europeo.
El caso, iniciado por asociaciones de medios y empresas editoriales, denunciaba que Meta utilizaba datos personales de los usuarios, incluyendo perfiles de navegación, intereses y comportamiento en la red, para ofrecer publicidad segmentada sin respetar las obligaciones de consentimiento expreso y transparente exigidas por la normativa europea. Esto permitía a la compañía captar una parte desproporcionada del mercado publicitario online, en detrimento de los medios nacionales.
Según la sentencia, Meta habría construido un modelo publicitario basado en una recopilación masiva de datos que excedía lo permitido por el RGPD. Al mismo tiempo, la empresa no ofrecía mecanismos suficientemente claros para que los usuarios pudieran negarse al uso de su información, lo que el tribunal considera una infracción continuada.
Los medios digitales celebran la decisión, que califican de “hito en la defensa de un ecosistema informativo justo”. Argumentan que durante años han competido en desventaja frente a plataformas que, gracias a sus bases de datos y algoritmos, monopolizaban la inversión publicitaria mientras los productores de contenido sufrían pérdidas crecientes.
Meta, por su parte, ha anunciado que recurrirá la sentencia, argumentando que cumple con la normativa europea y que sus prácticas publicitarias se ajustan a los estándares de la industria. Sin embargo, el fallo podría sentar un precedente relevante en Europa, especialmente en un contexto en el que las grandes tecnológicas están bajo un escrutinio cada vez más exhaustivo por parte de los reguladores.
La condena llega además en un momento en que la Unión Europea impulsa nuevas normas como la Digital Markets Act y la Digital Services Act, destinadas a limitar el poder de las plataformas y garantizar un entorno competitivo. De confirmarse la sentencia en instancias superiores, el impacto económico y jurídico para Meta sería considerable, y podría abrir la puerta a reclamaciones similares en otros países.
