El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que España prohibirá el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años. La medida se incluirá en un paquete de cinco reformas legislativas y regulatorias destinadas a reforzar la seguridad digital de los menores, exigir mayor responsabilidad a las plataformas tecnológicas y combatir los abusos en Internet.
La medida, presentada durante la Cumbre Mundial de Gobiernos en Dubái, formará parte de un paquete legislativo que incluye la obligación de verificar la edad de los usuarios, sanciones a las plataformas que no retiren contenidos ilegales, y la creación de un sistema para rastrear el discurso de odio en Internet. Actualmente hay otras plataformas como YouTube que ya ha implementado sus propias medidas para el control de contenido que consumen los menores. También se investigarán posibles infracciones legales cometidas por plataformas como TikTok, Instagram y Grok, la inteligencia artificial de X.
¿Cuál es el plan de Sánchez?
En la cumbre se trataron varios temas relacionados al universo digital y redes sociales.
Prohibición de acceso a menores de 16 años a redes sociales, salvo consentimiento parental verificable.
Responsabilidad penal para los directivos de plataformas digitales que no retiren contenidos ilegales u ofensivos.
Penalización de la manipulación de algoritmos y la amplificación de contenidos ilegales con fines lucrativos.
Sistema de trazabilidad del odio y la polarización en redes, para identificar la “huella digital” de estos fenómenos.
Investigación a plataformas como Grok, TikTok e Instagram por posibles infracciones legales, en colaboración con la Fiscalía y la Unión Europea.
Sánchez subrayó que será responsabilidad de las plataformas garantizar el cumplimiento de esta norma mediante sistemas de verificación efectivos. El presidente citó el modelo australiano como referencia y denunció la inacción de muchas tecnológicas ante el contenido dañino. El paquete legal se aprobará en el Consejo de Ministros la próxima semana y busca situar a España entre los países con una regulación más estricta en la protección digital de menores.
