La casa Blanca ha mostrado su “firme rechazo» a la Ley de Intercambio y Protección de Información de Inteligencia Cibernética (CISPA) que permite al Gobierno supervisar las comunicaciones online.
La Casa Blanca ha argumentado que esta ley daría al Ejecutivo poderes que permitirían a las autoridades federales y compañías privadas espiar las comunicaciones privadas en base a la defensa contra el terrorismo. Sin embargo, el problema está en interpretar cuándo es adecuado o no investigar los datos privados de los usuarios (como el correo electrónico o la información en redes sociales).
«La Administración está comprometida con el aumento de los intercambios de la información pública y privada en el marco de las amenazas de ‘ciberseguridad’ como parte esencial de una legislación exhaustiva para defender los sistemas de información vitales y la infraestructura crítica», apunta el texto.
Sin embargo, ha señalado que este intercambio «ha de llevarse a cabo de manera que preserve la privacidad, la confidencialidad de los datos y las libertades civiles de los estadounidenses». En este sentido, ha subrayado que «reconoce la naturaleza civil del ciberespacio» y que «la ‘ciberseguridad’ y la privacidad no son mutuamente excluyentes«.
«Es más, compartir información, siendo un componente esencial de una legislación exhaustiva, no es lo único que ha de ser utilizado para proteger el núcleo de la infraestructura crítica de la nación de ataques a través de Internet», agrega el documento.
Por ello, la Casa Blanca considera que la CISPA «fracasa a la hora de permitir a las autoridades proteger esta infraestructura crítica y permitir que las disposiciones de supervisión electrónica no violen los derechos de correspondencia privada, confidencialidad y libertades civiles».
